25 de noviembre de 2022, 13:42
El diputado nacional del PRC, José María Mazón, votó ayer en el Congreso en contra de la supresión del delito de sedición en el Código Penal y a favor del impuesto extraordinario a las empresas energéticas, la banca y las grandes fortunas.
El parlamentario regionalista ha rechazado la reforma legal planteada por el Gobierno para modificar el Código Penal y hacer desaparecer la sedición al considerar que las penas “no se deben cambiar a golpe de un caso particular, ni a instancias de quien comete el delito”. “Si no es bueno que las víctimas decidan el castigo que debe imponerse a los delincuentes, aún es peor modificarlas a solicitud de quienes cometen los delitos”, ha opinado Mazón en relación con el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo con sus socios de ERC.
Según ha explicado, la Constitución y el Código Penal son las dos normas fundamentales que regulan la convivencia en España, al establecer lo que se puede y lo que no se puede hacer, y debe existir “coherencia” entre ellas, principio que a su juicio no cumple la reforma legal planteada.
Por lo que respecta a los nuevos impuestos a eléctricas, bancos y grandes fortunas, ha considerado “de justicia” que en un momento de dificultad como el actual “se pida más esfuerzo a los que más tienen y a los que han obtenido beneficios extraordinarios precisamente por esta crisis”.
No obstante, también ha cuestionado la técnica legislativa utilizada y ha manifestado su preocupación por las consecuencias que pueda llegar a tener “un contenido dudoso respecto al derecho de la Unión Europea y de la propia Constitución española”.
En este sentido, ha objetado que el cargo a las energéticas y entidades de crédito se realice sobre la facturación y no sobre los beneficios, “como ha dicho la Unión Europea”, ya que de este modo supone un coste “puro y duro” para las empresas, que las afectaría también en caso de pérdidas, con la imposibilidad de repercutirlo en las ventas, “pese a que eso es un principio básico de la economía de mercado”.
“Espero que no pase como con el bono social eléctrico, anulado por la Unión Europea y que ahora pagamos todos en la factura de la luz”, ha agregado.